Nuevamente Mariana Rodríguez y Samuel García están en medio de críticas, pues durante este fin de semana, la famosa pareja ha compartido en redes sociales su experiencia al cuidar de uno de los menores del DIF Capullos, en Nuevo León.
Han habido respuestas tanto negativas, como positivas ante esta acción de quien es la titular de la oficina Amar a Nuevo León. Sin embargo, estamos ante un acto grave en donde incluso se violaron varios derechos del niño en cuestión, no solo por parte de la funcionaria, sino también por parte del DIF Capullos; así lo ha hecho ver la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el especialista Juan Martín Perez García.
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¿Mariana Rodríguez adoptó a un bebé?
Pero antes que nada aclaremos algo: Mariana Rodríguez NO adoptó a este bebé por un fin de semana, como hemos visto en redes.
El mismo viernes 14 de enero ella misma argumentó en una historia en Instagram que al formar un vínculo fuerte con uno de los menores del DIF Capullos, solicitó un permiso de convivencia familiar temporal.
De acuerdo a la funcionaria y empresaria, tal permiso se da cuando hay un vínculo entre el o la menor y la familia que solicita tal permiso.
Pero, ni el gobernador Samuel García ni la funcionaria y empresaria son familia del bebé en cuestión. ¿Entonces qué pasó ahí?
En la página del DIF, se indica que una solicitud de convivencia sirve para “mantener el vínculo afectivo con su familia de origen, extensa o bien una familia ajena” pues con esta actividad se busca restituir el derecho de los infantes a vivir en un entorno familiar libre de violencia de manera indefinida
Hasta ahí parece que todo en orden, pero entremos en más detalles.
La violación a derechos de un menor
Comencemos por el permiso; Juan Martín Perez García, Coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, comentó en entrevista a Animal MX que no existe, o al menos no uno donde se saque a un niño solamente por un fin de semana.
“No hay nada que se le parezca”, dice el defensor de derechos de la infancia; “especialmente cuando ninguno de los dos es familiar directo ni están vinculados a la carpeta de investigación que tiene este niño víctima”.
Es así como una de las violaciones dentro de este caso es a la responsabilidad administrativa al haber sacado a un niño, de cinco meses de edad, del DIF Capullos.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresó la misma preocupación en un comunicado donde recuerdan que “un niño o niña en un centro de atención del DIF es per se víctima de violaciones previas a sus derechos, de ahí que el Estado deba interceder por su protección”.
De hecho, el especialista nos recuerda que por esa misma razón se debe de proteger aún más la identidad, integridad y también estabilidad emocional de las niñas y niños en esta situación.
Esto provoca que nuevamente se cuestione sobre el tráfico de influencias y/o corrupción que hay, no solo en el DIF Capullos, sino en los distintos centros del país.
Por su parte, la REDIM enfatizó en su texto la importancia de revisar los protocolos tanto de adopciones como de visitas. Especialmente en este caso para “verificar que no se incumplió con la norma”.
¿Una acción humanitaria o un acto de propaganda?
Para Juan Martín Perez García es importante recordar que tanto el gobernador Samuel García, como la funcionaria Mariana Rodríguez y el partido Movimiento Ciudadano ya habían sido señalados anteriormente por explotación comercial de un menor.
Desde el 2018 se señaló al partido por el uso y explotación de un niño indígena en sus campañas electorales. En su momento, fue REDIM una de las organizaciones que alertó sobre las consecuencias que tenía el objetivar a este niño; especialmente por su contexto de vulnerabilidad y desprotección.
Tomando en cuenta lo anterior, el experto hace énfasis en que se debe explorar la posibilidad de que el niño sacado por Mariana Rodríguez esté siendo víctima con fines de explotación económica.
El niño está siendo expuesto en redes sociales con un montón de historias y publicaciones que aparecen tanto en el perfil de Mariana Rodríguez, como en el del gobernador Samuel García.
La REDIM señala que estos materiales están siendo publicados sin un tratamiento adecuado de su identidad.
La REDIM señala los artículos 68 y 80 de la Ley general de derechos de niñas y niños, que aunque van dirigidos a medios de comunicación, en este caso también son importantes debido a que Mariana Rodríguez es una influencer con millones de seguidores en redes sociales y donde incluso su contenido es monetizado, por lo que las publicaciones del bebé podrían generar dinero.
En el caso del artículo 80, se menciona que “las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes” sin importar que sean modificadas o no se especifiquen sus identidades.
Con las publicaciones en redes sociales tanto Mariana Rodríguez como Samuel García, no solo hicieron público el rostro del bebé, sino también información como un padecimiento médico.
“Ese niño no es un objeto, no es un peluche, es un ser humano que tiene derechos”, dice Juan Martín Pérez García, “y las autoridades, empezando por ella como funcionaria y él como gobernador, son las primeras que están obligados a cumplir con la ley y a protegerlos”.
Por ahora, REDIM hizo un llamado tanto a la funcionaria Mariana Rodríguez como al gobernador Samuel García a actuar por la no cosificación de este ni de ningún infante.
Pro su parte, Juan Martín Pérez García espera que la Comisión Estatal de Derechos Humanos abra una investigación (incluso sin denuncia de nadie) para investigar las posibles violaciones a este niño.
